del respeto a la libertad de prensa y a la legalidad por parte de los socialistas y allegados.
Una de las causas que acrecieron el muy justificado pesimismo de mi
padre acerca del diagnóstico de la situación fue el gravísimo revés económico y
moral que sufrió cuando el Gobierno que presidía Casares Quiroga –sectario
entre los más sectarios—obligó a la empresa formada por mi abuelo a readmitir a
los obreros expulsados cuando el conflicto laboral de ABC y prescindir, previa indemnización, de los
operarios que fueron admitidos entonces. Aquella huelga fue declarada ilegal y,
en consecuencia, la expulsión de los huelguistas era conforme a la Ley. No
obstante, la orden gubernativa dictada casi dos años después era terminante: o
se acataba o se procedería a la incautación de la empresa. ¡Donoso subterfugio
para eliminar a un incómodo periódico de la oposición!
(En Papeles para la
pequeña y gran historia, Torcuato
Luca de Tena, capítulo XXVII)
La huelga en cuestión fue declarada cuando Juan Ignacio Luca de Tena se negó a
transigir con el propósito de los obreros de obligar a uno de ellos a afiliarse
a la UGT. Lo ugetistas fueron expulsados y la plantilla se rellenó con otros
trabajadores, uno de los cuales murió asesinado al poco tiempo.
En fin, esta era la muy democrática Segunda República con la
que acabó “el golpe de Estado del general Franco”.
