Todos sabemos que pagar un rescate es cooperar al mal: por eso es delito. Todos sabemos, también, que es inútil pedir a la familia de un secuestrado que no pague, si puede hacerlo. Por eso, por el dilema angustioso en que sume a unos y otros, el secuestro es uno de los crímenes más viles que cabe imaginar, para el que estaría justificada la pena de muerte, como está justificado eliminar una plaga de ratas.
Lo que no tiene excusa es que sea el gobierno de una nación quien pague un rescate, como no sea parte de un plan de acción que incluya dar caza a los secuestradores. En ese momento, el gobierno ha defraudado a sus ciudadanos. No nos pilla de sorpresa con el ejecutivo español, que nos tiene acostumbrados al chalaneo con criminales (los de la ETA también son secuestradores, no hay que olvidarlo). Pero aunque reciba el apoyo de una mayoría perruna, ese gobierno ha quedado deslegitimado y merece la misma consideración que los delincuentes con los que trapichea. Lo que decían de los reyes, "serás rey si obras rectamente; si no, no lo serás", es perfectamente aplicable a los actuales ejecutivos democráticos.
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